En el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 16 de abril del 2021, fueron publicadas y entraron en vigor al día siguiente, reformas a la “Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión” (LFTyR). El punto focal de esta controvertida reforma es que, para tener acceso a una línea de telefonía celular en México, los usuarios deberán entregar una copia simple de una identificación oficial; registrar sus huellas dactilares; una fotografía del rostro o algoritmo de reconocimiento de voz y; datos detallados de su domicilio a las compañías telefónicas; correspondiendo al Gobierno almacenar esa información en el PNUTM, teniendo el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) 6 meses para “la elaboración de los lineamientos para la creación del PNUTM” y debiendo las empresas telefónicas, en el plazo de 2 años recabar los datos personales de los más de 126 millones de líneas de telefonía móvil que se encuentran en uso en nuestro País.

La entrega de datos biométricos ha sido impugnada por el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) que interpuso este martes 20 una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN, para que revierta la creación del PNUTM, por considerarlo violatorio a los derechos humanos.

Las empresas de telefonía móvil han impugnado la creación del PNUTM pues, entre otros argumentos -según la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (ANATEL)- les implicará una erogación de 21,000 millones de pesos. Por cuerda separada, los 2 juzgados especializados en telecomunicaciones en la CDMX han recibido centenares de amparos de ciudadanos, para impedir la entrega de sus datos personales al PNUTM.

El asunto se encuentra sub judice en varios niveles. Estaremos informando de las resoluciones ante el Poder Judicial de la Federación sobre esta cuestión que, será resuelta aplicando los nuevos criterios legales para la creación de jurisprudencia, expuestos en nuestra primera entrega de la Gaceta Notarial Virtual (se incluye el link).