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Escenarios de Procedencia del Establecimiento de un Límite de Edad para el Ejercicio del Notariado en México

Hemos visto ir y venir -sin éxito- diversas propuestas legislativas de reforma a la Constitución Política de la Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), provenientes de legisladores de diversos partidos políticos en el ejercicio temporal del Poder Ejecutivo, para vulnerar la soberanía que la CPEUM establece históricamente para las entidades federativas, socavando sus facultades exclusivas en materia civil y notarial.

En 1992, argumentando una necesaria integración del “Sistema Jurídico Mexicano” (SJM) con los de nuestros socios comerciales norteamericanos, en una sesgada interpretación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), firmado el 10 de julio de 1990 y,

hoy actualizado, denominado “Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá” (TMEC), en vigencia desde el 30 de noviembre del 2018, se arguyó que en las economías y sistemas jurídicos de los 3 países, las funciones del notario público eran esencialmente diferentes.

En el 2002 fue presentada por el Dip. Santiago Creel Miranda -luego nombrado Secretario de Gobernación de aquella Administración Pública sexenal- una iniciativa que pretendió centralizar, en la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, lineamientos para el ejercicio de la fe pública, homologando en funciones a los corredores con los notarios públicos.

En esa ocasión, habiéndose creado en el año 2000 la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), por unanimidad de los titulares de los poderes ejecutivos de todas los estados y el Distrito Federal -este último entonces gobernado por el hoy Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador- alzaron su voz para defender las soberanías de las 32 entidades federativas y fue creada una “Comisión Especial para Notarios y Corredores Públicos” (CENyCP) -de la cual, quien esto escribe, fue Secretario Técnico- que fungió como interlocutora de la CONAGO con el Gobierno Federal para exponer con claridad, que tal iniciativa era intransitable jurídicamente, pues desnaturalizaría el Pacto Federal firmado originalmente el 4 de octubre de 1824, dando por resultado la fundación de los Estados Unidos Mexicanos (EUM), reiterado en la Constitución de 1857 y en el vigente artículo 40 de la CPEUM, como una decisión fundamental del pueblo mexicano.

Están en el archivo histórico de la CONAGO para su consulta, a disposición de los interesados y el público en general, las actas y disposiciones de aquella CENyCP, por si fuera necesario documentar una futura acción legal para defender el federalismo, originalmente asumido por los EUM en el “Acta Constitutiva de la Federación Mexicana” signada el 31 de enero de 1824, por parte del Congreso Constituyente originario de nuestro País.

En el 2018 nuestra colega, amiga y colaboradora de la 1ª Edición de la 2a Época de la GNV, la Sen. Olga Sánchez Cordero, planteó una iniciativa en el sentido de expedir una “Ley General del Notariado”, vía la eventual adición de la fracción XXX-BIS de la CPEUM, para facultar al Congreso de la Unión para “expedir leyes que establezcan los principios y bases que armonicen y homologuen la organización y funcionamiento en las Entidades Federativas, de la función notarial como una garantía institucional que invariablemente será desempeñada por mexicanos por nacimiento, profesionales en Derecho, imparciales e independientes económica y jerárquicamente del poder público, estableciendo como único medio de acceso a dicha función los exámenes públicos de aspirante y oposición” (sic).

Poco después de ello, Olga Sánchez Cordero -como ocurrió con Santiago Creel- después de ostentar una representación popular, fue nombrada Secretaria de Gobernación para la primera mitad del sexenio en curso. La  iniciativa de referencia nunca fue discutida por el Pleno del Senado de la República.

Hoy volvemos a ver una iniciativa para amputar la soberanía de los estados y la CDMX en materia civil y notarial. Conforme a lo señalado en la edición pasada de la Gaceta Notarial Veracruzana (GNV), continuaremos analizando la constitucionalidad de la iniciativa de reforma al artículo 121 de la CPEUM, presentada el 18 de enero pasado por los Senadores Olga Sánchez Cordero y Ricardo Monreal Ávila, cuyo proceso parlamentario está en marcha.

En esta entrega, analizaremos específicamente cómo funcionaría en la vida real, la imposición de un límite en la CPEUM de edad -75 años- para el ejercicio del notariado.

Comencemos por señalar, manteniéndonos al margen de cualquier consideración meta-jurídica, que el artículo 14 de la CPEUM señala “que a ninguna Ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”, lo que en la jurisprudencia y doctrina de nuestro País se conoce como el principio y/o derecho humano de “Irretroactividad de la Ley” y que los artículos 8, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22 y 23 consagrados en la CPEUM prevén derechos humanos relativos a la seguridad jurídica pero, por considerarlos esenciales para los efectos de esta argumentación jurídica, bástenos exponer que el 16 de la CPEUM señala que “nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles y posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento” y el 17 indica que “Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial”.

Por ello tenemos que, en principio, al realizar la interpretación hermenéutica de los derechos humanos (DDHH) establecidos en los artículos 14, 16 y 17 de la CPEUM, aunque se aprobare en sus términos la iniciativa de reforma constitucional al 121 en comento, no sería aplicable a los notarios públicos que estén en funciones en forma previa a su inicio de vigencia, en virtud del principio de irretroactividad de la Ley y la necesidad establecida en el artículo 133 de la CPEUM que, al establecer la jerarquía que integra el SJM -pirámide normativa, Hans Kelsen dixit- por la vía del reconocimiento de los tratados internacionales signados conforme al procedimiento establecido en la Fracción I del 76 de la CPEUM, establece como obligatorio el principio pro persona, ampliamente documentado ya a nivel jurisprudencial en nuestra Nación, que consiste en que, en caso de que un juez o autoridad tenga que elegir qué norma aplicar a un caso específico, tiene el deber jurídico -es decir, la obligación- de elegir la norma jurídica que favorezca mayormente a los DDHH de las personas, no importando si se trata de la aplicación de la CPEUM, un tratado internacional, una Ley o una norma jurídica individualizada.

Como tal iniciativa establece en su 2º transitorio un plazo perentorio de 180 días naturales para que las legislaturas de las 32 entidades federativas adecúen sus constituciones a dicha reforma, tendríamos necesariamente que ver en cascada reformas a nuestras leyes supremas, civiles y notariales en los 31 estados y la Ciudad de México (CDMX) para establecer los nuevos procedimientos para acceder a una notaría pública, los lineamientos para el ejercicio notarial y la introducción del límite de edad para concluir necesariamente su función.

Por técnica jurídica y tópica constitucional tales reformas deberían tener un artículo transitorio relativo a la irretroactividad de la Ley pero, aún si no lo incluyeren, por vía judicial será muy sencillo ganar procesos judiciales vía amparo, en contra de tal disposición, pues así lo establecen todos los precedentes jurisprudenciales relativos al establecimiento de limitaciones supervinientes respecto del ejercicio de los derechos humanos adquiridos en forma concreta, cuando se establece una restricción con inicio de vigencia posterior al inicio de su ejercicio.

Dichas acciones legales tendrían su antecedente en los criterios jurisprudenciales para garantizar la irretroactividad de la Ley y el principio pro persona que han hecho valer múltiples ministros de la “Suprema Corte de Justicia de la Nación” (SCJN), magistrados de los tribunales superiores de justicia -varios de ellos veracruzanos- y diversos titulares y miembros de “organismos autónomos del Estado” (OAE), tanto federales como locales que han reivindicado individual y colectivamente la integridad de sus derechos para ejercer su función.

Ahora bien, para todos aquellos que entrarán al ejercicio notarial después de la eventual entrada en vigor de la reforma al 121, la limitación de edad sería efectiva, de no prosperar las acciones de inconstitucionalidad y amparos que seguramente concitaría.

 

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