Después de más de 4 días, más de 50 horas de discusión en el Congreso de la Unión, sin modificación fue aprobado el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) en el Poder Legislativo Federal (PLF) en los términos en que le fueron enviados por el Poder Ejecutivo Federal (PEF), el último de los documentos de Política Económica, fiscal, hacendaria y de egresos para el año 2022, a saber:

A.- Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes al Ejercicio Fiscal de 2022.

B.- Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2022.

C.- Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal del Impuesto sobre

Automóviles Nuevos, del Código Fiscal de la Federación y otros Ordenamientos.

D.- Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos.

E.- Informe sobre el uso de la facultad conferida al Ejecutivo Federal en materia arancelaria, que se presentó de conformidad con el artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

F.- Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2022.

El gasto neto total propuesto en el Presupuesto de Egresos de la Federación es de 7 billones 88,250 millones de pesos, lo que es igual a los ingresos totales que el gobierno ha programado obtener de acuerdo con la Ley de Ingresos de la Federación (LIF), no obstante, formalmente ni se suben ni crean impuestos.

La inversión pública básicamente se concentrará en los 3 megaproyectos del sexenio -el Aeropuerto Felipe Ángeles de la CDMX; la Refinería de Dos Bocas en Tabasco y; El Tren Maya-  la cifra histórica de casi 1 millón de millones de pesos, con lo cual el gasto en inversión pública se situará en un histórico 3.1 % del Producto Interno Bruto (PIB).

Después del maratónico debate de casi 2000 reservas a discusión -todas rechazadas por la mayoría- en la Cámara de diputados fue aprobado, la madrugada de este domingo, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, uno de los documentos de política pública más importantes de nuestro país, pues en él se mandatan la cantidad, la forma de gasto, distribución y el destino de los recursos públicos de los tres poderes -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- de los organismos autónomos, como el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así como las transferencias a los gobiernos estatales y municipales.

Con 273 votos a favor y 214 en contra, la Cámara de Diputados aprobó así, a las 0215 horas del domingo 14 de noviembre del 2021, el proyecto de PEF, avalado en bloque ab initio por los legisladores de Morena y sus aliados, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México; por lo que se realizará para el próximo año una reducción de 8000 millones de pesos para organismos autónomos del Estado.

El INE y el Poder Judicial Federal (PJF) son de las entidades más disminuidas presupuestalmente, mientras que los recursos para pensiones y para programas sociales como “Sembrando Vida” y “Jóvenes Construyendo el Futuro” serán mayores en 2022.

El INE que tendrá 5000 millones de pesos menos que este 2021 -le fueron asignados 19,736 millones de pesos- ha anunciado que tendrán que controvertir judicialmente la decisión pues el recorte les impedirá organizar, en el 2022, la consulta de revocación de mandato que estaremos votando -con toda seguridad- el domingo 10 de abril del año próximo.

Digno es de mención que al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), órgano administrativo del PJF, se le reducen 2,935 millones de pesos y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) unos 65 millones respecto a los recursos del año pasado; se quedará con 5,284 millones. Ante ello, el presidente de la SCJN ha señalado que se afectará el desarrollo de los compromisos y metas laborales que el PJF había programado para el desarrollo del servicio judicial de carrera.

Los recursos públicos fueron reasignados concentrándose en el PEF. La Secretaría del Bienestar tendrá 2,457 millones más; la Secretaría de Agricultura tendrá 2,700 millones adicionales. Fortalecidas serán presupuestalmente también las empresas paraestatales energéticas: Petróleos Mexicanos (PEMEX) recibirá 636.281 millones de pesos, un incremento del 12,7%; y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tendrá un 4% más respecto al 2021.

Es lamentable que, durante los 4 días de discusión del PEF, la tribuna del Congreso de la Unión -llamada por mucho “la más alta de la Nación”- se convirtió en un desfile de insultos, descalificaciones y gritos entre los diputados de la mayoría y su oposición, lo que llevó a  los coordinadores de los grupos parlamentarios opositores a señalar que la negativa del bloque legislativo mayoritario para negociar, se verá correspondida por la negativa del bloque opositor a discutir los paquetes de reformas constitucionales anunciados por el Gobierno, que estrictamente cumplió con lo señalado con los 3 vectores fundamentales del paquete económico que presentó para el 2022:

1.- Apoyos para el bienestar de la población más vulnerable;

2.- Estabilidad y solidez de las finanzas públicas y;

3.- Apoyo a los proyectos regionales de inversión.

Hay elementos muy positivos en el PEF, como que se aseguraron recursos para seguir haciendo frente a la pandemia, por lo que la Secretaría de Salud tendrá un incremento presupuestal de 27.6% en comparación con lo aprobado para el 2021 y en lo referente al rubro de salud, que agrupa a todo el sector -IMSS, ISSSTE, etc.- el incremento será de 15.1% anual, pero -sin tomar partido por nadie- pues los notarios en cuanto funcionarios públicos y apolíticas nuestras organizaciones, por tanto el Colegio de Notarios del Estado de Veracruz, vemos con preocupación la polarización, la carencia de diálogo en el PLF, pues podrían dificultarse los caminos hacia las numerosas reformas legales y constitucionales que deberíamos consensar y formular como Nación, para afrontar los retos ya desafiantes de la recuperación de la crisis económica, política y social de la pandemia de COVID 19, aún entre nosotros.